Santo Domingo.- El Gobierno dominicano respondió este jueves a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en torno a la construcción del canal en el río Masacre mediante un comunicado en el que reiteró su disposición al diálogo con las autoridades haitianas con la condición de que se paralice la construcción de la obra e invitó al secretario general de la entidad, Luis Almagro, a que venga a ver la problemática en persona.
En el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el Gobierno manifestó que los haitianos deben detener inmediatamente la construcción «unilateral e ilegal del canal de trasvase conectado al río Dajabón-Masacre, hasta tanto se realicen, por técnicos independientes y de común acuerdo, los estudios que determinen el alcance, impacto y beneficiarios de la obra».
«El Gobierno haitiano debió suministrar en el momento oportuno la información relativa a los estudios cartográficos, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos o de impacto ambiental necesarios para poder evaluar los beneficios y riesgos del proyecto», dijo.
Indicó que «las propias autoridades del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y de Desarrollo Rural de Haití (MARNDR) reconocieron en un documento entregado de manera informal que el proyecto carecía de planos al momento de su ejecución».
«La construcción unilateral de un canal de trasvase con capacidad de desviar el curso del agua de su cauce natural significaría la posible extinción del caudal del río aguas abajo hasta su desembocadura. En términos prácticos, esto permitiría la enajenación de un bien de dominio público imprescindible, que sirve de sostén para las actividades productivas de la zona y de sus recursos naturales», manifestó.
El Gobierno dominicano también solicitó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitar con urgencia la zona en cuestión, recabar la información pertinente y rendir un informe detallado al Consejo Permanente de la OEA, para su edificación.
«El río Dajabón, que tiene su nacimiento y su desembocadura dentro del territorio nacional, es inalienable. Esta condición implica que su titular, el pueblo dominicano, no puede por ningún concepto privarse o ser privado de su uso», indicó.
